Tamaulipas.- Antonio Peña Argüelles, presunto enlace del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington con cárteles del narcotráfico, se declaró inocente el miércoles del cargo de lavado de dinero fincado en su contra por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Corte de Distrito para el Oeste de Texas, con sede en San Antonio, había agendado para el 22 de febrero, a la 13:30 horas, una audiencia de detención, en la que Peña Argüelles comparecería ante la juez magistrada Nancy Stein para ser informado de la acusación en su contra.
Sin embargo, el abogado de Peña Argüelles, Gerald Harris, presentó un escrito a la Corte por el que su cliente renunció a su derecho a la audiencia en cuestión, se declaró inocente del cargo que se le imputa, y también renunció al derecho a que el juicio en su contra inicie en menos de 30 días.
Además, la juez firmó una orden por la que Peña permanecerá en prisión sin derecho a libertad bajo fianza, tal como solicitó la fiscalía, pues el propio acusado decidió no oponerse a esa petición.
Experiencias previas en procesos contra mexicanos procesados por narcotráfico y delitos relacionados en Estados Unidos indican que los trámites previos a un juicio con jurado consumirían meses o años, y que Peña podría aprovechar ese periodo para negociar una declaración de culpabilidad con la fiscalía a cambio de beneficios o una pena leve, o incluso convertirse en testigo protegido.
Peña fue detenido el 8 de febrero en San Antonio, con base en la declaración jurada de un agente de la DEA, que citó cuatro testimonios de personas cercanas a Peña sobre su relación con Yarrington, Los Zetas y el Cártel del Golfo.
La fiscalía pidió decretar el decomiso de la cuenta 1296882, a nombre de Peña, abierta en la firma LPL Financial, con saldo de 4 millones 242 mil dólares.
Esta cuenta no fue mencionada en la acusación de la DEA, que hace referencia a múltiples cuentas por las que transitaron fondos presuntamente provenientes de sobornos pagados por los cárteles para obtener influencia política durante la administración de Yarrington, en el periodo 1999-2004.
También se solicitó el decomiso de dos cuentas abiertas por Peña en el Falcon International Bank, con un saldo conjunto de 586 mil dólares.
Una de las cuentas en Falcon sí fue mencionada por la DEA, como parte del entramado de operaciones financieras del acusado, cuyo hermano, Alfonso, fue ejecutado por Los Zetas en noviembre pasado, como represalia por el supuesto robo de 5 millones de dólares de ese cártel.
Otros bienes incluidos en la acusación son cuatro residencias privadas en Laredo, Texas, dos de ellas con alberca, y otra en el 311 de la calle Joshua Way en el fraccionamiento Stone Oak de San Antonio, donde Peña fue detenido.
Esta última fue adquirida el 9 de junio de 2008 por 400 mil dólares, de los que 392 mil dólares fueron liquidados de inmediato. Uno de los testigos de la DEA afirmó que Peña le pagó 70 mil dólares adicionales en efectivo al anterior propietario.
Finalmente, se requirió a la Corte el decomiso de una camioneta Range Rover 2011, adquirida por Peña en una concesionaria Land Rover de San Antonio en mayo de ese año por 103 mil dólares.
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