Michoacán.- El Gobierno de Michoacán reconoció ayer que los hechos de violencia ocurridos el miércoles en Cherán, con saldo de ocho muertos y cuatro heridos, fue por la disputa del bosque.
"Hay unos (pobladores) que están protegiendo a sus bosques y otros que insisten en talar clandestinamente", declaró ayer el Gobernador Fausto Vallejo.
"Talan inclusive en bosques que no son de ellos, y habrá que ver hasta dónde está (involucrada) la delincuencia organizada también".
Desde el 15 de abril del 2011, esta comunidad indígena, localizada a casi hora y media de Morelia, comenzó una resistencia popular en contra de la tala clandestina y los grupos de la delincuencia organizada que estaban deforestando sin control los bosques de la zona y causando terror entre la población.
Vallejo confirmó que entre los fallecidos del miércoles hay dos comuneros de Cherán, quienes patrullaban los bosques.
La violencia estalló el miércoles cuando un grupo de brigadistas de Cherán fue emboscado en el cerro por varios sujetos armados y encapuchados.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado, el ataque mató a dos comuneros y provocó posteriormente al menos dos enfrentamientos armados.
En distintos puntos del cerro quedaron otros seis cadáveres, cinco de ellos habitantes de la comunidad El Cerecito y quienes estarían vinculados, presuntamente, a grupos de talamontes. Otro de los fallecidos era de Puruarán, Municipio de Turicato.
Cherán es gobernado desde el 5 de febrero por un Concejo Mayor Comunal, integrado por 12 ciudadanos tras ser electo por sistema de usos y costumbres.
Por vez primera en la historia de la entidad, la elección se desarrolló sin la intervención de los partidos políticos.
Dicho Concejo deslindó a su pueblo de las ejecuciones ocurridas posterior a la emboscada en donde murieron dos comuneros, y demandó la intervención de la PGR para conducir las investigaciones.
Retienen a policías
Ayer, el pueblo mantenía retenidos a 16 servidores públicos estatales, entre los cuales están 14 policías, un agente del Ministerio Público y un funcionario de la Secretaría de Gobierno.
La liberación de estas personas fue condicionada a una acción más contundente de las autoridades estatales y federales contra la tala ilegal y el crimen organizado en esa zona indígena de la entidad.
En medio de tensión, la autoridad comunal también ordenó la suspensión de clases en escuelas y restringió la salida de habitantes.
Además del reforzamiento en la seguridad, el pueblo se congregó para dar sepultura al comunero David Campos Macías, de 53 años, quien tenía unos meses de haber llegado de Estados Unidos.
En tanto, en El Cerecito también se llevaron a cabo los funerales de sus cinco pobladores muertos a balazos.
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