Nacional.- La PGR arraigó ayer por 40 días a Napoleón Rodríguez de la Garza, ex funcionario de la Administración de Yarrington, luego empresario proveedor del Gobierno estatal y señalado en Estados Unidos como presunto prestanombres del ex Mandatario.
Además de Rodríguez, fue arraigada Sonia de Pau García, quien disputaba en su demanda de divorcio 50 por ciento de los bienes de su ex marido Fernando Cano Martínez, señalado como uno de los principales testaferros del ex Gobernador priista.
Un juez Federal Penal Especializado en Arraigos, Cateos e Intervención de Comunicaciones autorizó a la SIEDO la medida cautelar contra el empresario y De Pau, para que sean investigados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según un informe de la dependencia, ambos fueron trasladados de las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al Centro de Investigaciones Federales de la Colonia Doctores, donde permanecerán durante el plazo que determinen las autoridades judiciales.
Los indiciados fueron retenidos el miércoles y jueves pasados durante los cateos llevados a cabo por la SIEDO, con apoyo de elementos militares, en diversas ciudades de Tamaulipas.
Agentes de la corporación irrumpieron en la casa de Rodríguez en el fraccionamiento Río en Matamoros, a cuatro cuadras de la casa de Yarrington, y también en su empresa, la Ferretera Industrial Rodríguez, proveedora del Gobierno de Tamaulipas en suministros de ferretería y pintura.
De Pau, retenida en Ciudad Victoria, solicitó en 2008 el divorcio a Cano Martínez, en una demanda judicial donde ventiló que su ex marido tenía 17 empresas inmobiliarias con 34 propiedades de condominios en Texas.
Además de casi 4 mil hectáreas en desarrollos inmobiliarios y ranchos cinegéticos en México, así como periódicos, empresas de televisión por cable e inversiones en España.
Una Corte de Brownsville ya ordenó la aprehensión de Cano, quien habría lavado sobornos del narcotráfico en inmuebles, como un terreno de 6.6 millones de dólares en San Antonio.
Cano hizo negocios con Farough Fatemi Corcuera y Eduardo Rodríguez Berlanga, dos presuntos prestanombres de Yarrington, y su sucesor Eugenio Hernández, quienes también son buscados por la PGR.
No está claro si el juicio civil ya concluyó y De Pau logró su cometido de materializar su reclamo, pero ayer fuentes de la PGR explicaron que fue arraigada para investigar si es la propietaria de 50 por ciento de los bienes de su ex esposo.
Las capturas de Rodríguez y De Pau tuvieron lugar después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara dos demandas ante cortes federales contra Yarrington.
Con dichas demandas, el Gobierno de EU pretende decomisar bienes inmuebles en Texas que, presume, tienen como propietarios a prestanombres del ex Mandatario, quien los habría adquirido con dinero que le pagó la delincuencia organizada.
En la causa civil que se sigue contra Yarrington, el Gobierno estadounidense pidió el decomiso de un departamento de lujo en el número 1401, ubicado en el 334 de Padre Boulevard, en la Isla del Padre, que se encuentra a nombre de Napoleón Rodríguez.
El empresario adquirió el apartamento en diciembre de 1998, un año antes de que Yarrington asumiera como Gobernador, a un precio de 450 mil dólares.
Como parte de esta investigación, en febrero fue detenido en Texas Antonio Peña Argüelles, a quien investigaciones estadounidenses señalan como uno de los enlaces que tenía el Cártel del Golfo con el ex Mandatario tamaulipeco.
... Y congelan cuentas
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la SIEDO y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) congelaron las cuentas de Cano Martínez, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense por lavado de dinero.
Este empresario, propietario de 17 empresas de bienes raíces en Estados Unidos y de varios desarrollos inmobiliarios, parques industriales y hasta periódicos en México, promovió un amparo contra el congelamiento, pero un juez federal negó suspenderlo en definitiva.
Según información del Departamento de Justicia del país vecino, era uno de los principales lavadores del dinero ilícito que Yarrington habría cobrado al Cártel del Golfo.
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