Investiga PGR a dos magistrados por posibles nexos con la delincuencia

Distrito Federal.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a los magistrados del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, con sede en la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano y el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, por posibles nexos con la delincuencia organizada, luego de haber sido suspendidos de sus funciones por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

Ambos funcionarios, quienes fueron inhabilitados la semana pasada, están sujetos a investigación para determinar si emitieron fallos a favor de acusados. 

Se investiga el caso en el que el magistrado Luna Altamirano revocó la formal prisión que un juez le dictó a Arturo Culebro Arredondo, a quien la PGR acusó de ser encargado de las operaciones de lavado de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva y del Norte del Valle de Colombia. 

E agosto del 2011, este magistrado absolvió a Sandra Ávila Beltrán, la llamada "Reina del Pacífico", del delito de lavado de dinero, al considerar que no había elementos suficientes para condenarla. 

En 2008, absolvió de los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán mejor conocido como "El Chapo" Guzmán, otra vez por falta de pruebas, sin que la PGR pudiera interponer ningún recurso legal contra la resolución. 

Guzmán Salazar fue absuelto por el hijo del magistrado, luego de que fuera capturado en 2005 y sentenciado en 2008. 

Por su parte, el juez Cázares López fue quien otorgó al ex diputado federal Julio César Godoy el amparo que el permitió tomar protesta y adquirir fuero constitucional, pese a tener una orden de aprehensión por delincuencia organizada. 

También concedió la libertad a funcionarios del gobierno de Michoacán, presuntamente relacionados con el crimen organizado, en el caso conocido como el "Michoacanazo". 

Por estos fallos, la PGR interpuso una queja en 2010, ante el Consejo de la Judicatura Federal, pues la Procuraduría consideró que al liberar a los ex servidores públicos de aquella entidad, acusados de colaborar con el crimen organizado, el juez se excedió en sus funciones.